El Consejo del Poder Judicial se reunirá el martes para votar la renovación del Constitucional
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo martes, 20 de diciembre, para votar el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. La convocatoria se realiza a solicitud del grupo conservador, por lo que el orden del día incluirá la propuesta de designar como miembros del tribunal de garantías a los dos magistrados propuestos por este bloque.
Si tienes una cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte, y el magistrado progresista Pablo Lucas, miembro de esa misma sala. Sin embargo, la convocatoria también especificará la posibilidad de someter a votación «otros candidatos que puedan ser propuestos por los vocales hasta el momento mismo del inicio de la sesión», según lo acordado al inicio de las negociaciones. Los progresistas presentarán la candidatura de su candidato oficial, José Manuel Bandrés, a través de esta vía.
Originalmente, el pleno del Consejo tenía previsto debatir la renovación del Tribunal Constitucional en una sesión ordinaria el próximo jueves, 22 de diciembre, pero los conservadores han insistido en adelantarla. Su objetivo es votar las designaciones antes de que entre en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno, que cambia las mayorías requeridas para elegir a los dos nuevos miembros del tribunal de garantías. Esta modificación elimina la necesidad de una mayoría de tres quintos de los vocales y permite que sean seleccionados los dos magistrados más votados, lo que facilitaría la elección tanto del candidato preferido por los consejeros propuestos por el PP como del elegido por los progresistas. Los conservadores quieren adelantarse a esta opción porque buscan evitar el nombramiento del candidato oficial de los progresistas.
Horas después de que Mozo convocara la reunión para el martes, un vocal del CGPJ, el conservador Wenceslao Olea, presentó un recurso de reposición para exigir que la reunión se fije para el lunes. El argumento de Olea se basa, según fuentes del órgano, en que los tres días de plazo que el reglamento otorga al presidente del CGPJ para convocar el pleno cuando lo solicitan cinco o más vocales finalizan el sábado o, si ese día se considera inhábil, el lunes.
La urgencia de los conservadores desaparecerá si el Tribunal Constitucional decide suspender la reforma legal impulsada por el Gobierno. Sin embargo, a la espera de que esto suceda, los vocales propuestos por el PP han insistido en la convocatoria de un pleno urgente. El presidente suplente rechazó la primera solicitud el martes, argumentando que no cumplía con los requisitos formales exigidos por el reglamento del Consejo. Entre las condiciones se encuentra que la solicitud de pleno debe ir acompañada del nombre de los candidatos cuya designación se sugiere, algo a lo que los conservadores se habían resistido hasta ahora. Para que prosperara su petición de pleno urgente, los consejeros del PP, que habían amenazado con querellarse contra Mozo si no atendía su solicitud, corrigieron el error y revelaron el nombre de su candidato para el Tribunal Constitucional.
La propuesta de los conservadores también incluye el nombre del magistrado progresista Lucas, con el que buscan dividir el bloque de vocales propuestos por el PSOE, IU y PNV para evitar la candidatura de Bandrés, a quien consideran el candidato preferido del Gobierno. Con la legislación actual, se requieren 11 de los 18 votos del pleno del CGPJ para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Los conservadores cuentan con 10 votos y los progresistas con 8, por lo que se necesita un acuerdo entre los grupos o que algunos vocales de un grupo se sumen a los votos del otro. Las fuentes progresistas no ven esta posibilidad ni la otra opción sugerida recientemente por líderes del PP: que la vocal progresista Clara Martínez de Careaga se abstenga debido a que es esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, quien aspira a presidir el tribunal de garantías. Sin embargo, miembros del órgano de ambas sensibilidades coinciden en que no existen motivos para la abstención, y los consejeros conservadores no pueden recusarla.
