El presidente del Poder Judicial rechaza la maniobra del sector conservador para renovar el Constitucional antes de la reforma legal
El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha rechazado este martes la petición formulada por un grupo de vocales conservadores para convocar cuanto antes un pleno extraordinario a fin de elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Consejo. La decisión de Mozo frustra, por el momento, el plan de los consejeros conservadores, que buscan forzar la celebración de un pleno para renovar el Constitucional antes de que entre en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno, que facilitaría estos nombramientos y permitiría que tanto el candidato conservador como el progresista fueran elegidos sin necesidad del voto del otro sector.
De acuerdo con el artículo 35 del reglamento del CGPJ, el presidente debe convocar un pleno extraordinario cuando lo soliciten por escrito cinco o más vocales. Basándose en este precepto, nueve de los consejeros propuestos por el PP pidieron el viernes a Mozo que convocara una sesión para votar el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional. Según este artículo del reglamento, el presidente convocará el pleno «a los tres días siguientes a la presentación de la solicitud», lo que en principio forzaría a Mozo a convocar la sesión antes de este miércoles. Ante las reticencias del presidente, los vocales conservadores amenazaron este martes con querellarse contra él si no fijaba ya la reunión, pero Mozo ha optado por mantener su posición.
El presidente suplente ha alegado razones formales que le impiden atender la petición de los conservadores. Según el escrito que ha enviado a los vocales, el mismo artículo del reglamento que impone la convocatoria del pleno cuando lo piden cinco vocales exige «la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno», algo que no se ha hecho en este caso. Además, la solicitud de los conservadores se aparta, según el presidente, de las reglas de procedimiento 3 y 5 aprobadas por el pleno del órgano el pasado 8 de septiembre. Estas normas, acordadas por ambos bloques al inicio de la negociación para renovar el Constitucional, establecen que la convocatoria del pleno tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales, como ha ocurrido en este caso, pero añaden un requisito que han eludido los conservadores: «La solicitud de convocatoria del pleno incluirá los nombres de dos candidatos/as». Asimismo, exigen que las propuestas se acompañen del currículum de los aspirantes, una condición que también obvia la solicitud.
Estos dos requisitos formales que Mozo echa en falta son críticos para los conservadores, quienes a lo largo de las negociaciones se han negado a revelar el nombre de su candidato para renovar el tribunal de garantías. Inicialmente, argumentaron que no podían encontrar magistrados afines del Supremo interesados en dar el salto al Constitucional; finalmente, han admitido que tienen hasta seis candidatos, pero en ninguna reunión con el otro grupo han formalizado una candidatura. Tras conocer la decisión de Mozo de rechazar su petición de convocatoria de pleno, fuentes conservadoras han indicado que se corregirá el problema que alega el presidente, lo que implica finalmente hacer públicos sus candidatos.
El rechazo de Mozo se produce después de que esta misma mañana mantuviera conversaciones con consejeros del sector mayoritario, quienes insistieron en su exigencia de que convocara una reunión extraordinaria. Fuentes del órgano señalan que el presidente suplente aseguró que lo haría, pero que varios vocales tenían problemas de agenda y estaba tratando de encontrar una fecha en la que todos pudieran asistir. Hasta ahora, la interpretación de los tres días de plazo que establece el reglamento para «convocar» la reunión se entendía como que el pleno se llevaría a cabo dentro de ese período. Sin embargo, los vocales de ambos grupos consideraban que, en última instancia, el presidente podría hacer la convocatoria en esos tres días, aunque la fecha de la reunión se quedara fuera de ese plazo. Esto llevó a explorar las fechas del próximo viernes 16 o lunes 19.